Notas de Prensa
Fecha: 06/05/2022
El gobierno de García Page permitirá que la ley de interinos no se cumpla en el SESCAM
El Sescam, de la mano de su Director de Recursos Humanos, D. Íñigo Cortázar, su Directora Ge-rente, Dª Regina Leal y por extensión el Gobierno Regional con García Page a la cabeza bordean una presunta prevaricación al no contemplar el uso de la Ley 20/2021 y no aplicar los mecanismos que de forma extraordinaria prevé la citada Ley en cuanto a la reducción de temporalidad.
A pesar de que dicha ley obliga a convocar por concurso de méritos las plazas con más de 5 años de antigüedad y por concurso-oposición especial a las de más de 3 años en la última mesa técnica, celebrada el pasado martes 3 de Mayo, el Sescam ha presentado a los sindicatos su intención de no aplicar dicha Ley. En su lugar el responsable de Recursos Humanos del servicio de salud regio-nal ha planteado aplicar sólo parte del articulado de manera arbitraria, la relativa al artículo 2.1, en la que se establece un proceso selectivo especial basado en un concurso oposición sin fase eli-minatoria para las plazas de más de 3 años.
En los últimos meses hemos asistido a cómo el Sescam no quiso anular las convocatorias no desa-rrolladas pendientes de la OPE 2018 para incorporarlas a una nueva oferta de empleo público aplicando la Ley 20/2021 y poder así resarcir del abuso de temporalidad que están sufriendo cien-tos de trabajadores y trabajadoras con acumulación de hasta 30 años de interinidades.
Ahora, cuando se tenía claro que la nueva legislación se aplicaría, porque, por otra parte, es obli-gatorio según está redactada, tampoco se pretende usar estos beneficios a las plazas que cumplen con los criterios establecidos.
El Sescam ni siquiera ha hecho público ningún listado de plazas afectadas como están haciendo todas las administraciones públicas, incluida Función Pública de Castilla-La Mancha.
No se entiende que unos criterios legales y aplicables no se quieran utilizar, enrocándose en una actitud que nada tiene que ver con la buena gestión de los recursos públicos humanos y económi-cos y que, de forma objetiva, perjudica a cientos de trabajadores con años acumulados de expe-riencia laboral por no hablar del perjuicio ocasionado a los departamentos donde prestan servicio.
Esta gestión alejada de la realidad y claramente sesgada rozaría, si no entra directamente, en una presunta prevaricación, ya que se están tomando decisiones y resoluciones que a sabiendas son perjudiciales y contrarias a la Ley.
Porque la Ley 20/2021 es muy clara en su disposición adicional 6ª: "Las Administraciones Públicas convocarán, con carácter excepcional y de acuerdo con lo previsto en el artículo 61.6 y 7 del TRE-BEP, por el sistema de concurso, aquellas plazas que, reuniendo los requisitos establecidos en el artículo 2.1, hubieran estado ocupadas con carácter temporal de forma ininterrumpida con anterioridad a 1 de enero de 2016". El uso de la forma verbal de futuro simple no cabe lugar a dudas.
También resulta frustrante como los Sindicatos de mesa sectorial, en connivencia con el Director de Recursos Humanos del Sescam, no han sido capaces de ver el problema del abuso de interini-dad, dejando indefensos a miles de empleados públicos que se han tenido que enfrentar solos con su sudor y lágrimas a esta confabulación. Ni siquiera ahora, con una Ley de obligado cumplimien-to, son dignos de defender a sus afiliados y a los trabajadores. O al menos eso se desprende de las notas públicas que han hecho, en las que no se deja ver que se ponga en tela de juicio la arbitra-riedad de la aplicación de la ley. La complicidad de las organizaciones sindicales con el Sescam en no cumplir la Ley 20/2021 les deja igualmente al borde del cataclismo judicial.
Ni los empleados públicos ni los ciudadanos se merecen sufrir la gestión tan nefasta que se está haciendo con los recursos públicos. Tampoco se merecen sufragar con sus impuestos a sindicatos que solo defienden un negocio caciquil y privilegios comprados. Ambos, políticos y sindicatos de-berán responder ante la sociedad y ante la justicia.
Nota conjunta APRISCAM – Solidaridad Obrera SESCAM